El Gobierno argentino quiere que las empresas que obtengan “una renta inesperada” durante 2022 paguen más al fisco. Para ello ha enviado este lunes al Congreso un proyecto que grava con el 15% extra del impuesto a la renta a aquellas sociedades con ganancias extras superiores a los 1.000 millones de pesos (unos ocho millones de dólares). En la lista entrarán aquellas compañías que se beneficien del descalabro de los precios internacionales de hidrocarburos y alimentos que produjo la guerra en Ucrania. El objetivo es recaudar unos 200.000 millones de pesos, cifra que el Gobierno ha prometido que destinará a la ayuda social.
El anuncio del impuesto a la “renta inesperada”, como la ha llamado el Gobierno argentino, mereció gran pompa. El presidente, Alberto Fernández, lo presento junto a su ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Museo del Bicentenario. El sitio, ubicado bajo la Casa Rosada, es el elegido para los grandes acontecimientos oficiales. “Esta guerra nos somete a dos realidades”, dijo Fernández”, “a que millones de seres humanos entren en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra. Y esa es la inmoralidad e indecencia que no podemos permitir desde la política y desde el manejo del Estado”.
Para estar alcanzado por el nuevo impuesto, la ganancia extraordinaria no debe se producto de la inversión o mejoras en la productividad, sino del precio. Deben cumplirse además dos condiciones: que su margen de ganancia en 2022 sea superior al 10% en términos reales y que el aumento de ese margen en comparación con 2021 sea de un 20% superior. Esas dos condiciones, afirmó Guzmán, fueron establecidas para determinar “un crecimiento de la ganancia real significativo”.
El proyecto de impuesto a la renta inesperada da un poco de oxígeno a Fernández en la pelea que mantiene con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, defensora de la idea. Pero el Gobierno la tendrá muy difícil en el Congreso, donde no tiene mayoría. La oposición ya ha advertido que no dará su voto a nada que aumente la presión fiscal, cualquiera sea el objetivo. Fernández les pidió este martes su apoyo, pero sin muchas expectativas.
“Siento que tenemos la obligación de dar este debate y el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. No estamos irrumpiendo con ninguna norma tirada de los cabellos, sacada de la galera”, les dijo. “Estamos viendo que estamos haciendo algo que el mundo hizo antes y que están haciendo ahora. Y no lo hacen los países que aplican regímenes no democráticos o para hablar con lenguaje habitual, que están volcados a la izquierda. Lo hace Gran Bretaña, Italia, lo plantea Estados Unidos”.
Argentina necesita recursos extras para reducir su rojo fiscal y aumentar las reservas del Banco Central, como se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo de refinanciación de su deuda La oposición exige un recorte de gastos, más que una subida de la carga fiscal, pero el Gobierno argumenta que algo semejante lo obligaría a ajustar el gasto social. En cualquier caso, el impuesto cayó muy mal entre los empresarios. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), difundió un largo comunicado en el que advierten de una merma en las inversiones.
“En Argentina ya están en vigencia 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada y ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, superando holgadamente el promedio de la región”, dijeron desde AEA.
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