Las reglas fiscales que impone Europa para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas no están en vigor ni este año ni el que viene. Estos corsés presupuestarios se levantaron para combatir las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania. A diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis del euro, Bruselas ha permitido que el agujero fiscal descienda simplemente con la caída del gasto por la covid y la mejora de la economía y, por tanto, de los ingresos. Al cierre de 2021, este déficit alcanzaba el entorno de los 80.000 millones de euros, un 6,87% del PIB y el equivalente a tres cuartas partes de lo que se recauda por IRPF. Todavía queda mucho por reducir. Pero de esta forma por ahora no habría que acometer ni recortes ni subidas de impuestos. Sin embargo, la Comisión Europea ha dado una primera señal de que hay que empezar a vigilar la evolución presupuestaria. Máxime cuando se avecinan subidas de tipos que encarecerán la elevada deuda acumulada.

Bruselas ha establecido una primera recomendación para 2023 con el fin de que todos los países con un endeudamiento alto comiencen a moderar el gasto. No se trata en ningún caso de recortes, solo de contener los desembolsos corrientes. Además, los países miembros suelen saltarse estas exigencias mientras la Comisión hace la vista gorda. Aun así, esta vez estarían ligadas al desembolso de los fondos europeos si el Ejecutivo comunitario quisiera endurecer una posición que por el momento ha sido bastante flexible. La recomendación consiste en poner un techo al crecimiento de los desembolsos corrientes quitando intereses y las medidas para afrontar la crisis energética. Estos no deberían aumentar en 2023 más allá del crecimiento potencial de la economía a medio plazo. ¿Cuánto implica esto? Según cálculos de la Autoridad Fiscal, divulgados por la presidenta Cristina Herrero en un foro de la consultora EY, habría que moderar el aumento del gasto en unos 7.500 millones, una cifra que supone tres cuartas partes de la nómina mensual de las pensiones.

En lugar de subir el presupuesto en unos 24.000 millones como aparece en un informe de la institución sobre las cuentas públicas, el Ejecutivo solo podría elevarlo en 16.500 millones. En vez de aumentar los desembolsos corrientes un 4,3%, estos tendrían que crecer cerca de un 3%. Como consecuencia, el déficit para el año que viene se quedaría en un 2,7% del PIB frente al 3,3% que había proyectado la Autoridad Fiscal.

Si se toma el programa de estabilidad que el Gobierno ha remitido a Bruselas, el crecimiento de los gastos corrientes se situará en el 3,7% en 2023. Y habría que contenerlo en casi el 3%. Esto supone que solo debería avanzar en 14.500 millones en lugar de 19.000. Es decir, una reducción en 4.500 millones del incremento del gasto planeado, lo que provocaría que el déficit acabase en el 3,5% del PIB y no en el 3,9% que tiene ahora como objetivo el Gobierno.

El problema de las pensiones

El problema radica en que una de las principales partidas del Estado, las pensiones, que representan un tercio del total con más de 170.000 millones, crecerá en torno a un 8%: aproximadamente un 6% por la revalorización con el IPC y el resto por el aumento del número de pensionistas y el efecto de sustituir unas prestaciones por otras nuevas más elevadas. Si las pensiones escalan en torno a un 8%, los otros dos tercios deberán compensarlo creciendo sensiblemente por debajo del 3%. O dicho en euros, las pensiones subirían unos 14.000 millones, dejando poco espacio para el resto justo cuando el Ejecutivo afronta las elecciones y precisa de apoyos para aprobar el presupuesto. Solo tendría como margen los fondos europeos y aumentar las ayudas por la inflación.

En 2018 el gasto corriente sin intereses creció un 4%. En 2019, un 5,6%. Y en 2020, restando el gasto por la pandemia, apenas repuntó un 1,4%. Según cálculos de la Comisión, los desembolsos corrientes, financiados con el presupuesto nacional y sustrayendo las medidas de emergencia por la crisis, han estado creciendo más de un 7% el año pasado y este. Es decir, el Gobierno tendría que moderar más el gasto en el próximo presupuesto coincidiendo con el periodo electoral.

En todo caso, los países suelen incumplir estas recomendaciones. Fuentes comunitarias explican que la vigilancia de esta no será estricta, dado el entorno de elevada incertidumbre y que se antoja muy discutible el cálculo sobre el crecimiento potencial. El Gobierno además contará con los fondos europeos para poder elaborar un presupuesto expansivo en las inversiones, recuerdan estas fuentes. Por más que el pago de los fondos europeos esté vinculado a la recomendación, no parece que ahora la Comisión quiera poner en apuros a un país. Aun así, Ejecutivo español probablemente intente, al menos sobre el papel, ceñirse algo a la exigencia de Bruselas.