Los hogares españoles tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona, según datos de 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Gobierno quiere parar este despilfarro. Con ese objetivo aprueba este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario antes de remitirlo a las Cortes y someterlo a tramitación parlamentaria. Entre las medidas que introduce esta ley, a cuyas líneas generales ha tenido acceso EL PAÍS, está la de obligar a todos los agentes de la cadena alimentaria a elaborar un plan de prevención para evitar el desperdicio. Además, contempla sanciones para bares, restaurantes o supermercados que no cumplan esta norma.

Esos planes de prevención deben jerarquizar el uso que se da a los alimentos antes de llegar al vertedero. El prioritario, explica el ministerio, debe ser el consumo humano mediante la donación a entidades como los bancos de alimentos. Las empresas estarán obligadas a suscribir convenios con las organizaciones receptoras que especifiquen las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte. El ministerio incide en la importancia de la trazabilidad de la comida donada: debe ser posible conocer de dónde procede cada alimento.

De no ser posible entregar la comida para consumo humano, dichos alimentos se deben transformar en otros productos como zumos o mermeladas. La tercera opción es que sirvan para la alimentación animal. Los últimos usos que debe detallar el plan son la elaboración de subproductos industriales y el reciclado para obtener compost o combustibles. Estas exigencias aplicarán a los establecimientos que sirvan comida, desde los bares a las grandes superficies comerciales.

La norma recoge más medidas para evitar el despilfarro: las empresas tendrán que informar anualmente de cuánto desperdician; los restaurantes deben notificar a los consumidores que pueden llevarse sus sobras; las empresas han de incentivar con precios inferiores la venta de productos con fecha de caducidad próxima...

Las sanciones a las empresas que no respeten esta norma se establecen en una horquilla de 2.001 a 60.000 euros para las infracciones graves (menos que lo contemplado por el anteproyecto aprobado en octubre del año pasado, que llegaba hasta 150.000). Las causas para incurrir en estas faltas son impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos o no donar los excedentes a entidades de iniciativa social. En caso de reincidencia, la multa puede llegar a medio millón de euros.

“Es una ley de convencimiento y no de coerción”, comentó el año pasado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Fuentes del ministerio insisten ahora en el mismo mensaje: la vocación de esta norma no es “sancionadora”, la prioridad es la “prevención”. Planas justificó la importancia de la ley, entre otros motivos, en que “todavía hay más de 800 millones de personas que pasan hambre y 1.600 millones con problemas de malnutrición”. Además, destacó que “no es muy inteligente tirar todos los recursos utilizados para producir los alimentos, máxime cuando algunos de ellos, como el agua, el suelo o la energía, son escasos y vitales para nuestra supervivencia”. Esta ley intenta cumplir con uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU: reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial. Según informa el ministerio, España se convertiría en el tercer país de la Unión Europea que aprueba una norma de estas características, después de Francia e Italia.

La nueva ley no anticipa sanciones contra las personas que desperdicien en sus hogares, donde se concentra la mayor parte del derroche. Para este estrato, la norma se centra en las campañas de concienciación. Quedará establecido un modelo de buenas prácticas “para reducir drásticamente el desperdicio de alimentos”, explica el Ejecutivo. Esta guía de actuación también abordará cómo desechar menos en el resto de eslabones de la cadena. “Las causas del despilfarro alimentario están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores”, indica Agricultura. La previsión del departamento de Planas es que la ley esté aprobada en enero del año que viene.

El desperdicio, en datos

El 75% de los hogares españoles asegura que desperdicia alimentos. Esta es una de las conclusiones más contundentes del último estudio realizado por Agricultura sobre el derroche alimenticio, realizado a partir de 4.000 encuestas en 2020. De la comida que acaba en la basura, tres cuartos son productos sin elaborar, es decir, que no han llegado a ser cocinados. Y entre esos productos, los más comunes son la fruta (32,1%), las verduras y hortalizas (13,6%), el pan (4,8%) y la leche (4,5%). En torno a la mitad de los participantes en la encuesta declaró que congela parte de lo que cocina.

Estos datos reflejan solo una parte del problema del desperdicio alimenticio. El derroche en los hogares representa el 61% de los alimentos desaprovechados, según un informe de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). El otro 39% se reparte entre servicios de alimentación (26%) y el comercio minorista (13%).

Este estudio calcula un nivel mucho mayor de desperdicio en los hogares españoles que la encuesta del ministerio (77 kilos por hogar al año, frente a los 31 de Agricultura). Las cifras de Pnuma sitúan a España muy cerca de la media global (73 kilos). “Es muy similar entre los países de ingreso mediano bajo y los países de ingreso alto, lo que apunta a que la mayoría de los países pueden mejorar en este ámbito”, indica el informe, que arranca con una cifra demoledora: “Si la pérdida y el desperdicio de alimentos fueran un país, este sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero”.