Durante la crisis diplomática entre España y Marruecos por la acogida al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, los servicios de inteligencia marroquíes activaron una doble estrategia “judicial y mediática” con el fin de “acosar” a Gali y “dificultar su movilidad”, así como “crear un estado de opinión en la prensa [española] afín a sus intereses”. Así lo afirma un informe “reservado” del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento, fechado el 24 de junio del año pasado, asegura que Rabat empleó “bastantes recursos, incluso económicos”, en “reactivar todas las denuncias y demandas” interpuestas ante la Justicia española contra el Frente Polisario y su líder, “además de otras [denuncias] nuevas”, y en “movilizar a la colonia marroquí” para que se manifestara contra de la decisión de acoger a Gali en un hospital de Logroño tras contraer covid. El objetivo era “presionar al Gobierno de España para conseguir un posicionamiento favorable a Marruecos en el contencioso del Sáhara Occidental”, concluye informe.

El documento incluye un anexo con la identidad de personas y organizaciones supuestas colaboradoras en España de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED por sus siglas en francés), el servicio de inteligencia exterior dependiente de las Fuerzas Armadas marroquíes. Entre ellos cita a la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), que en 2007 denunció a Gali y otros líderes del Frente Polisario por genocidio. El CNI asegura que esta asociación “está dirigida por la DGED a través de su presidente, Ramdan Mesaud Larbi”. Este lo niega “rotundamente” a este diario. El informe también cita a la presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), Lucia Jiménez, que según el informe supuestamente pidió, en 2012, “ayuda financiera a Marruecos para denunciar al Frente Polisario por los crímenes cometidos contra españoles entre 1973 y 1988″. Jiménez rechaza las acusaciones: “Acavite no ha recibido dinero de Marruecos jamás […]. Es una intoxicación indecente y dañina”.

En la lista también aparece Jadiyetu Mohamud Mohamed, que en abril de 2021 pidió la reapertura de dos denuncias que había presentado en 2013 y en 2018 contra Gali por violación. Ambas habían sido desestimadas por la Audiencia Nacional. El CNI apunta que la DGED se ocupó presuntamente de pagarle un abogado y los “gastos de estancia, asistencia y difusión del caso” en la prensa. Jadiyetu Mohamud asegura que sus ingresos proceden de cuidar ancianos y niños. Además, se menciona a Rachad Andaloussi, ciudadano de origen marroquí que, junto al diputado del PP valenciano Juan Vicente Pérez Aras, denunció en un juzgado de Logroño a Gali. En mayo de 2021, Andaloussi se personó como acusación popular en otra causa de la Audiencia Nacional. El CNI afirma que la DGED supuestamente sufragó los 6.000 euros que el juez le pidió entonces a Andaloussi como fianza.

Según el informe, la inteligencia marroquí también estuvo detrás de la denuncia interpuesta en mayo de 2021 por Mourad Elajouti, abogado marroquí y presidente del Club de Abogados de Marruecos. La Audiencia Nacional la inadmitió al no apreciar indicios de delito. Elajouti asegura que esta organización es “independiente” y niega vínculos con los servicios de inteligencia de su país. Junto a él cita al pseudosindicato Manos Limpias, cuyo presidente, el abogado y expolítico ultraderechista Miguel Bernad, es señalado como “colaborador” de los servicios secretos marroquíes, al menos desde 2015. Bernard niega tener “la más mínima relación” con las autoridades de Rabat.

Otro de los señalados es Fadel Breica, miembro de Movimiento Saharauis por la Paz, una organización fundada por el excargo del Polisario Hach Ahmed que el CNI tilda de “pantalla” de los servicios secretos marroquíes. En 2019, Breica denunció haber sido torturado en los campos de refugiados de Tindouf (Argelia). El CNI apunta que “probablemente” realizó ese viaje “siguiendo instrucciones de Marruecos para provocar a la cúpula polisaria y forzar su detención”. El documento afirma que los “únicos ingresos” de Breica proceden de la DGED. Tanto Breica como Ahmed niegan cualquier relación con la DGED.

El informe menciona a Pedro Altamirano, ciudadano malagueño que, según el CNI, “colabora con los servicios de inteligencia marroquíes desde hace años, movido por interés económico y afán de notoriedad”. El 24 de abril del año pasado, denunció haber recibido amenazas de muerte del Frente Polisario. Altamirano tacha el informe de “surrealista” y explica que siempre ha considerado Marruecos su “segunda patria”.

El CNI incluye también a Antonio Urdiales, el abogado que con su denuncia ante un juzgado de Zaragoza consiguió la imputación por la entrada de Gali en España de, entre otros, la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, finalmente archivada el pasado 26 de mayo. El informe apunta que “sus motivaciones parecen de índole personal”. Urdiales asegura que “ni he pedido ni he recibido un solo euro del Gobierno o particulares de Marruecos”.

El informe concluye que la doble estrategia de Rabat, judicial y mediática, no dio los resultados esperados. El documento añade que “el empleo de la vía judicial va a continuar, pues [los servicios de inteligencia marroquíes] seguirán impulsando nuevas denuncias y recurriendo las decisiones judiciales para mantener las causas abiertas” con el objetivo de “disponer de herramientas para manipular a los medios y presionar al Gobierno”.