El próximo jueves, 30 de junio, dara por finalizado la vigencia de dos medidas de apoyo a las empresas que se pusieron en vigor al dar comienzo la crisis sanitaria: la moratoria concursal, que se ha ido prorrogando desde que se aprobó por primera vez en marzo de 2020, y el periodo de carencia negociado con las personas para aquellos que han solicitado créditos respaldados por el ICO.
En lo que se refiere a la moratoria concursal, la posibilidad de una nueva prórroga no se descarta la posibilidad, aunque los expertos son incrédulo por dos motivos: esta medida se suele anunciar con más tiempo y la última prórroga fue ya contestada por considerar que se alargaba la agonía para la mayoria de empresas insolventes.
El 1 de julio comienza a correr el plazo para que el deudor, que con la moratoria no tiene la obligación de presentar concurso de acreedores, solicite éste. “Es previsible que si en septiembre comienzan a entrar concursos en los juzgados, el último trimestre del año 2022 se disparen”, confirma el vicedecano de Registradores de España, José Miguel Tabarés.
El fuerte suvidon de concursos se va a producir “por la crisis económica que estamos atravesando, no tanto por el fin de la moratoria en si misma”, suma. El presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Juan Carlos Robles, es de la misma opinión: “La situación económica, con una crisis energética que no se daba en varias décadas, es la que va a subir bastante el número de concursos”.
La razón de que la finalización de la moratoria, si no se genera otra prórroga en estos pocos días que faltan para ello, no sea el único motivo para disparar los concursos es que la mayoria de empresas insolventes, aunque pudieran ser viables, ya han desaparecido. Un administrador concursal declaraba que “la situación económica de la mayoria de ellas es tan mala que no cuentan ni con presupuesto para poder pagar a abogados para que efectuen el proceso”.
Nueva ley
El vicedecano de Registradores expresa que “lo mejor es que la nueva ley concursal estuviera ya en vigor” . Robles, por su parte, menciona que los mecanismos preconcursales establecidos en el plan de ley, con experto profesionales que contribuyen a salvar en lo posible a la compañía en problemas “es revolucionario y pueden ser un freno a la avalancha”.
Lo que pasa es que el proyecto de ley de reforma de la vigente ley concursal todavía no ha dado su fin su tramitación parlamentaria. A pesar de haber sido aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre y ser tramitado como urgente, será esta última semana de junio cuando lo apruebe el Pleno del Congreso. De ahí pasará al Senado y después volverá a la Cámara Baja en julio, a pesar de ser este mes inhábil a efectos de plenos. El problema es que el plazo para trasponer la directiva europea sobre insolvencias dara su fin el próximo 17 de julio.
Si la ley estuviera ya en vigor, “el número de insolvencias de derecho disminuiría por el propio espíritu de la nueva Ley que busca la anticipación, aumentar los procesos de reestructuración temprana de empresas viables, evitando las declaraciones concursales, a fin de asegurar su continuidad. Esto favorecerá la solución mediante acuerdos extrajudiciales, lo que, a su vez, ayudará a aliviar el colapso de los juzgados mercantiles”, aseguran en la aseguradora Solunion.
Otro apoyo empresarial que también desaparece es el período de carencia para los créditos respaldados por el ICO. Oficialmente, este periodo finalizó entre marzo y abril pasados pues su periodo era de dos años (también en un año más). No obstante, en mayo de 2021 se acepto el Código de Buenas Prácticas, por el cual las entidades financieras que se adhirieran podían ampliar el periodo de carencia hasta el 30 de junio de 2022 negociando con los solicitantes. No es un periodo de carencia total sino que depende de cada negociación.
Esta ayuda no va a ir más allá en el tiempo pues el Gobierno ha antedicho que pedirá a Bruselas autorización para ampliar los plazos de amortización de los créditos ICO hasta ocho o diez años pero nada relativo al tiempo de carencia.
