“El delito ambiental suele tener mucho beneficio económico y, en general, poca pena aplicada. Al delincuente le es más rentable delinquir porque se ve menos perseguido por la sociedad y los jueces”. El comandante de la Guardia Civil José Manuel Quintana Touza resume así los crímenes contra la naturaleza, cuyas investigaciones, cada vez más complejas —de tráfico de animales protegidos a exportación ilegal de residuos o robo de agua—, dependen en España de varios cuerpos policiales y administraciones. Para centralizar toda la información, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Ministerio de Transición Ecológica han puesto en marcha la Oficina Central Nacional (OCN) de Medio Ambiente, un CNI de los delitos ecológicos que dirige este comandante con la misión de coordinar a todos los implicados en la protección del medio ambiente.
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